11 de febrero de 2025
Días atrás, el gobierno de Javier Milei anunció que dentro de su plan de desregulación estatal se propone eliminar la obligación de estar matriculado en un colegio de profesionales para ejercer el corretaje inmobiliario.
Esta actividad, que consiste en facilitar la conexión entre las partes de un negocio inmobiliario y asesorarlas hasta la finalización del mismo, se encuentra regulada en Misiones por el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios (CCPIM).
La propuesta de desregulación plantea interrogantes significativos que merecen ser analizados.
En primer lugar, surge la pregunta sobre si la intervención de los profesionales matriculados en las operaciones inmobiliarias es el motivo de los costos elevados de las mismas y si la baja concreción de negocios de compra-venta que hoy se vive en Argentina se debe a la intervención de los corredores.
Es claro que ambas respuestas son negativas, la intervención de corredores en las compra venta de inmuebles le da transparencia a las transacciones y las comisiones inmobiliarias son ínfimas comparadas con los demás gastos del negocio.
Si se elimina la regulación que actualmente nos proporciona el Colegio (CCPIM), se corre el riesgo de desproteger a los consumidores, ya que los colegios profesionales tienen la responsabilidad de establecer normas de ética que resguardan los intereses de los clientes.
Además, gracias a su intervención, los corredores están obligados a cumplir con el cobro de honorarios mínimos y están sujetos a un tribunal de ética que puede sancionar abusos, lo que garantiza un estándar en la calidad del servicio.
Por otro lado, es fundamental considerar si el gobierno nacional tiene la facultad de quitar funciones a un colegio de profesionales, dado que estas instituciones son creadas por leyes provinciales. A simple vista, la desregulación podría considerarse inconstitucional, pues la Constitución Nacional establece que las provincias conservan todo el poder no delegado a la nación. Si bien el gobierno federal puede regular títulos universitarios, el control del ejercicio profesional pertenece a las provincias, que lo ejercen a través de sus respectivos colegios.
En conclusión, es imperativo que tanto el gobierno nacional como el provincial apoyen a los colegios de profesionales inmobiliarios, fomentando la colaboración para elevar la calidad de los servicios y promover la actividad inmobiliaria. Tal iniciativa no solo facilitaría el acceso a la vivienda propia, sino que también generaría un impacto positivo en la economía, al estimular el consumo de materiales y mano de obra en la construcción. La desregulación, lejos de aportar beneficios, podría generar una mayor desprotección para los consumidores y confusión en un sector crítico para el desarrollo económico y social de la provincia. Rossana Dipaolo